Saber qué se juega

Por Guillermina Luque Wickham

“el Estado no puede establecer una moral;

en lugar de ello debe garantizar un ámbito de libertad moral”

- CSJN, fallo Arriola -

“Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo

y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición”.

- Constitución Nacional, art. 22 -

Es un tema sensible, sin embargo ya nos demostró la historia que el silencio está lejos de ser salud.
Hay veces que me canso de tanta injusticia, me sorprendo de la a veces avasallante realidad, y hago esto: tratar de pasar en palabras lo que me significan algunas situaciones.

Hoy será un día “D” para la ciudadanía argentina. Hoy el Senado dará tratamiento al proyecto el cual modifica el Código Civil, con el objetivo que las personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio civil. Está bien, como se dice, el matrimonio es un tema de orden público. Con más razón, todos y todas necesitamos saber de qué se discute y cuáles son las distintas aristas que presenta la cuestión.

Como sabemos, hay dos proyectos de ley que tratan de dar solución a las reivinidicaciones de la comunidad homosexual, las pretensiones de la Iglesia, y los demás actores políticos.

Por un lado, tenemos la propuesta de quienes desean que el matrimonio civil deje de ser exclusivo de “hombre y mujer”-tal como lo expresa el art. 172 del Código- para ser de “los contrayentes”, apliando un poco el panorama al incluir a personas del mismo sexo.
Eva Perón decía que “donde hay una necesidad, nace un derecho”, y esta necesidad que ya es una realidad debe convertirse en un derecho. Es que, más allá del “papel”, el matrimonio implica muchas cosas: patria potestad compartida, pensión, beneficios laborales, previsionales, hereditarios y patrimoniales. Todos estos derechos que ostentamos los heterosexuales, hoy se los negamos a aquellos que no son parte de esta sexualidad hegemónica sólo por el hecho de que sus elecciones son distintas.

Del otro lado tenemos el proyecto que tiene dictamen de la comisión que preside la senadora Negre, que, dicho sea de paso (¿adivinen qué?), es del Opus Dei. La aprobación de este proyecto que tiene como autor mediato a la Iglesia católica no sólo produciría un parate al progreso de la igualdad de derechos y oportunidades, sino un verdadero retroceso. Ni mencionando la palabra “matrimonio”, este proyecto inscribe un concepto de ciudadano de segunda símil a muchas otras expresiones fascistas (Sí, fascistas), tales como el apartheid, la ideología nazi o la política antiinmigratoria europea actual. El proyecto no sólo no reconoce derechos a las personas homosexuales, sino que también les niega muchos de los que ya tienen. Si esta aspiración sectaria se convirtiera en ley, las personas que elijen como pareja a otro de su mismo sexo, no podrían adoptar (cosa que ahora pueden), ni hacerse inseminación artificial (de la misma manera, permitido hasta el momento). Si deseasen poner su amor en papeles, la única posibilidad sería la llamada “unión civil”, la cual per se no les ofrece ninguna solución a las reivindicaciones que decíamos antes: para heredarse y recibir pensiones, necesitarán recurrir a un contrato aparte. Ni hablemos de adopción y patria potestad compartida, eso no existe. Como corolario, esta unión civil se realizará ante funcionarios públicos que podrán acudir a la objeción de conciencia, esto es, negarse a realizar el trámite alegando prerrogativas religiosas o de otra índole. ¿Qué será lo siguiente? No casaremos ni judíos, ni negros, ni pobres, ni cualquier otro que no sea como mi estereotipo de “gente normal”.

Lo que hay que entender, es que con el matrimonio igualitario no se le está quitando nada a nadie. Esta ley no obliga a nadie a casarse con un homosexual, ni mucho menos. Me veo en la obligación de aclarar esto por demás obvio ya que el nivel de las argumentaciones en contra realmente lo merecía. Es un discurso que parece no tener declaraciones políticamente incorrectas. Según su identidad sexual, una persona puede ser “enfermo” o “enferma”, “lacra”, “la escoria”, “tener la cola cerrada” o abierta. Ese es el nivel de las descalificaciones. Sorprende, no es la cancha del lechero en Tristán Suarez, es el Congreso de la Nación. De igual manera es para aquellos que televisión haciendo este tipo de declaraciones. Además, le agregan un “plus”: “la gente dice que…”; “el pueblo argentino quiere…”; etcétera.

Lo más triste es que esta situación suena conocida. El mismo debate de “destrucción familiar” y otros cataclismos morales irreversibles se dio con la creación del registro civil, con el divorcio vincular, con la patria potestad compartida y cuando la mujer casada dejó de ser una incapaz. Siempre hubo un grupo a ser excluido de la sociedad, por la Iglesia y por los laicos que sus decisiones apoyan: el problema eran los ateos, o los separados, o las mujeres… nos creían tan inútiles que ¿cómo íbamos a criar niños?, ¿cómo podríamos contratar sin la autorización de nuestros maridos? Como vemos, ninguno de esos apocalipsis que vaticinaban ocurrió.

Argentina es un país laico. Las regulaciones sobre el matrimonio civil la debe hacer el pueblo a través de sus representantes, democráticamente elegidos. Toda institución que se arrogue el derecho de regular lo civil incurre en un error grave. La clave está en dónde se ponen los límites, si es que se ponen. Esa es tarea de los ciudadanos y las ciudadanas, los y las cuales, también, son los encargados de dar fomento al progreso.

Es muy importante no olvidar que somos todos y todas personas. Al ser humano, hombre y mujer, se le reconocen derechos. Uno de ellos es el matrimonio. Quien niegue este derecho a las personas homosexuales, está negando también su estatuto de persona.

Como decia el filosofo español Don José Ortega y Gasset: “Argentinos (y Argentinas) a las cosas”.