Aborto: entre cifras, derechos y leyes…

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Según indicadores de natalidad del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) de 2004 y a un estudio sobre morbilidad materna severa del Ministerio de Salud de la Nación en nuestro país cada año se producen 736.261 nacimientos de niños y niñas, y se efectúan unos 460.000 abortos inducidos: un aborto cada dos nacimientos.1

El Código Penal Argentino establece penas tanto para la mujer en cuestión y para la persona que realiza el procedimiento. Estableciendo dos causas de excepción: cuando este se practica para “evitar un peligro para la vida o la salud” de la mujer o si el embarazo proviene de una violación de “una mujer idiota o demente”, muchas veces no cumplidas estas excepciones por retraso de la justicia y la asistencia médica, atravesada por presiones y cuestiones legales, políticas, económicas, culturales y religiosas.

El aborto inseguro, como lo denomina la Organización Mundial de la Salud, es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad materna en casi todos los países.

Desde ya que es una cuestión de estado, el cual debe tomar posición y no aplazar el debate y las medidas en torno al mismo, ya que de esta manera no sólo retrasa la implementación y mejora del sistema de salud reproductiva y materna, sino que extingue la posibilidad de una educación sexual adecuada que brinde información apropiada y clara, especialmente a aquellos sectores más relegados para evitar los embarazos indeseados y disminuyendo así el número de abortos.

El aborto es un hecho en nuestro país, la no participación del estado implica una desprotección de los derechos de la mujer. Penalizado, como está hoy, es elevada la tasa de estos, por lo tanto, no supone un desaliento esta restricción, sino que provoca que las mujeres acudan a lugares clandestinos, las cuales la mayoría de las veces son efectuados por personas no capacitadas para ello, lo que genera altísimos riesgos de mortalidad y secuelas de la mujer que no posee recursos para acceder a algún otro servicio más calificado como otras mujeres de clase más alta podría y lo hacen. Sería muy iluso pensar que sólo mujeres de baja condición social recurren a dicha práctica, lo que sucede es que las otras al acceder a mejores servicios disminuyen sus riesgos.

Muchas son las razones para la cual se recurre al aborto, entre ellas: la amenaza de la vida de la gestante, riesgo severo para la salud física o mental de la mujer, violación o el incesto, no poder afrontar el cuidado del niño (razones económicas y sociales), cuando existe daño fetal, entre otras.

La implementación de políticas públicas responsables debería abarcar los servicios seguros y accesibles y el control de los proveedores del aborto, es decir profesionales médicos con matrícula, el estudio de los métodos de aborto de acuerdo al caso, programas eficaces y comprometidos con la problemática ya sea a través de la educación sexual en los colegios, hospitales y barrios carenciados, información y acceso a métodos anticonceptivos, eliminación de barreras administrativas y legales (como por ejemplo procedimientos administrativos/judiciales innecesarios, tales como obligar a la mujer a elevar cargos o identificar al violador), cuidados pre y post aborto, apoyo psicológico en ambas instancias. Es un punto fundamental la información y el asesoramiento a cargo de personas especializadas para que las mujeres puedan enterarse de sus opciones y elegir sin presiones ni condena social.2

Por todo esto solicitamos asumir a nuestros representantes en el Congreso de la Nación el compromiso eludido que se viene haciendo del mismo, velando por los derechos sin temer ser condenados u obstaculizados por presiones ya que su poder para legislar y debatir debe poder anteponerse en miras del bienestar general.

Florencia Daiana Andría.

  1. http://www.redsolidariacdelu.com.ar/noticia/1106/en-la-argentina-por-cada-dos-nacimientos-hay-un-aborto- []
  2. http://www.who.int/reproductive-health/publications/es/safe_abortion/index.html []